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El Ayuntamiento aprobó desincorporar más de 2 mil 100 metros cuadrados de la calle Anastasio Bustamante para incorporarlos al nuevo complejo Alsuper Universidad; Morena votó en contra al considerar que se privilegia un proyecto privado sobre el espacio público.

Chihuahua.– El Cabildo de Chihuahua aprobó este miércoles la venta de un tramo de la calle Anastasio Bustamante a Inmobiliarias Alsuper S.A. de C.V. por 18 millones 335 mil 711 pesos con 80 centavos, operación que permitirá incorporar la vialidad al proyecto de ampliación y reconstrucción de la sucursal Alsuper Universidad.
La superficie comprende aproximadamente 2 mil 110 metros cuadrados, ubicados entre la calle 21ª y la avenida Universidad, en la colonia Altavista. Para concretar la operación, el Ayuntamiento autorizó previamente que el terreno dejara de formar parte del régimen de dominio público municipal y pudiera ser enajenado a la empresa.
El precio fue establecido con base en un avalúo comercial de 18 millones 335 mil 711.80 pesos, superior al avalúo catastral, que ubicó el valor del terreno en 12 millones 880 mil 806.84 pesos.
El tramo vendido se incorporará al proyecto de renovación de Alsuper Universidad, cuya antigua tienda comenzó a ser demolida desde junio junto con el inmueble que anteriormente ocupaba Mueblerías Gala.
El proyecto contempla transformar el establecimiento en un formato Alsuper Plus, con un estacionamiento de mayor capacidad, áreas verdes, arborización y paneles solares, además de otras adecuaciones al complejo comercial.
La solicitud de compra fue presentada por el representante legal de Inmobiliarias Alsuper y analizada previamente por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento.
Antes de llegar al Cabildo, el proyecto recibió también dictámenes relacionados con infraestructura y movilidad. El alcalde Marco Bonilla había señalado que se analizaron aspectos con la Subsecretaría de Movilidad, Ecogas, Comisión Federal de Electricidad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento y Gobierno del Estado.
Uno de los puntos revisados fue el impacto que tendría eliminar ese tramo de la red vial. De acuerdo con quienes defendieron la operación en Cabildo, los estudios determinaron que la calle tiene una función principalmente local, existen rutas alternativas y su desaparición no generaría una afectación significativa en movilidad, accesos o servicios.
La operación no obtuvo respaldo unánime.
Los regidores de Morena Hugo González y Elena Rojo votaron en contra, mientras que Miguel Riggs no participó en la votación al encontrarse ausente de la sesión.
Durante la discusión, los opositores cuestionaron que un espacio de propiedad municipal deje de ser público para integrarse a un desarrollo comercial privado.
González advirtió que cerrar o enajenar una vialidad puede obligar a vecinos y automovilistas a utilizar rutas alternas y trasladar parte del tránsito hacia las calles aledañas.
El regidor también cuestionó el procedimiento mediante el cual el dictamen llegó al Cabildo, así como el beneficio que obtiene la ciudad frente a la pérdida definitiva del tramo vial.
Por su parte, Elena Rojo argumentó durante la sesión que promover inversión privada no debe significar poner automáticamente el espacio público al servicio de intereses particulares.
Otro de los puntos discutidos fue el destino de los 18.3 millones de pesos que recibirá el Municipio.
Durante el análisis previo de la operación se planteó que el dinero obtenido por la venta fuera utilizado para obras de movilidad, particularmente calles y banquetas.
Información difundida tras la sesión señala que los recursos serán destinados a proyectos de movilidad, principalmente dentro de la misma zona donde se ubica el tramo desincorporado.
Con la aprobación del Cabildo, el tramo de Anastasio Bustamante comprendido entre la calle 21ª y avenida Universidad dejará de funcionar como vialidad pública y pasará a integrarse físicamente al nuevo complejo comercial de Alsuper Universidad.
La operación abre además un debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico, propiedad municipal y conservación del espacio público, pues mientras la mayoría del Cabildo sostuvo que los estudios técnicos avalan la venta y que el proyecto generará beneficios urbanos, los regidores opositores cuestionaron que una vialidad pública pueda ser transferida a una empresa privada para ampliar un negocio.








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