Crimen organizado expulsa a cientos de familias de la Sierra Tarahumara

Chihuahua, Chih.- Cientos de habitantes de comunidades serranas de Guadalupe y Calvo han tenido que abandonar sus hogares ante el incremento de la violencia del crimen organizado, que mantiene enfrentamientos armados y disputa el control territorial en la Sierra Tarahumara.

La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno alertó que las familias huyen de amenazas, balaceras y ataques con explosivos y drones, mientras grupos delictivos se apoderan de propiedades, desvían fuentes de agua y roban ganado.

La situación ha provocado que numerosas personas busquen refugio en condiciones precarias, sin alimentos suficientes, ropa, cobijas ni atención médica.

Los adultos mayores enfrentan mayores dificultades para escapar debido a sus limitaciones de movilidad. Algunos han decidido permanecer en sus viviendas pese al peligro, ante la posibilidad de perder definitivamente su patrimonio.

En un pronunciamiento respaldado por diez organizaciones defensoras de derechos humanos, se advirtió que la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua reconoció ante la misión civil que sus fuerzas están rebasadas por la capacidad armamentística de los grupos criminales.

Según los organismos, las autoridades estatales señalaron que únicamente el Ejército Mexicano dispone del equipamiento necesario para enfrentar la violencia y garantizar protección a los habitantes.

Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades federales de seguridad una intervención militar permanente para recuperar la tranquilidad en las comunidades afectadas.

También exigieron habilitar refugios con servicios básicos, garantizar atención médica y establecer un programa integral que permita a las familias regresar a sus hogares en condiciones seguras.

Los colectivos advirtieron que las respuestas gubernamentales se han concentrado en atender emergencias, sin resolver las causas del desplazamiento ni garantizar protección a largo plazo.

La violencia criminal mantiene a cientos de familias fuera de sus comunidades, mientras organizaciones civiles exigen seguridad, asistencia humanitaria y condiciones para regresar a sus hogares.