Avanza en Senado reforma con penas de hasta cinco años por uso indebido de imagen oficial

Ciudad de México.– Las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que contempla penas de uno a cinco años de prisión por el uso indebido de identidad gráfica, documentos y otros elementos oficiales pertenecientes a instituciones públicas.

El dictamen avanzó con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones y todavía deberá ser discutido y votado por el pleno del Senado antes de completar su proceso legislativo.

La propuesta ha generado controversia en redes sociales y entre legisladores, donde ha sido denominada informalmente como “ley antimemes”, aunque el texto no establece que elaborar un meme sobre el Gobierno constituya automáticamente un delito.

¿Qué conducta pretende sancionar?

La reforma establece sanciones contra quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones de cualquiera de los tres órdenes de gobierno con el propósito de inducir al error o engañar sobre el origen oficial de una comunicación, plataforma, documento, servicio o sistema informático. 

Además de la pena de prisión, se contemplan multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La redacción fue modificada durante el proceso legislativo. Originalmente se hacía referencia al uso de estos elementos “con ánimo de lucro”, pero posteriormente se sustituyó por el concepto “a escala comercial”, con la intención declarada de establecer criterios objetivos para las investigaciones.

Uno de los argumentos para impulsar la reforma es armonizar la legislación mexicana con compromisos comerciales internacionales, entre ellos el T-MEC.

¿Realmente podrían encarcelarte por hacer un meme?

Éste es precisamente el punto que ha generado mayor discusión.

El dictamen está dirigido fundamentalmente contra el uso de elementos oficiales con propósitos comerciales, fraudulentos o engañosos, por lo que un meme o una parodia política no quedarían automáticamente dentro de las conductas sancionadas.

Sin embargo, legisladores opositores han cuestionado que la iniciativa no incluya una exclusión expresa para memes, sátiras y parodias, lo que consideran que deja margen para interpretaciones sobre determinados contenidos publicados en internet.

La polémica también se concentra en la referencia a un posible “impacto perjudicial”, pues el texto no establece claramente si una parodia política que utilice elementos gráficos gubernamentales podría llegar a ser considerada dentro de ese supuesto.

Esta falta de precisión llevó a integrantes de Movimiento Ciudadano a abstenerse, mientras legisladores del PAN y PRI votaron en contra del dictamen.

Buscan combatir fraudes y falsificaciones digitales

Quienes respaldan la reforma argumentan que el objetivo principal es impedir que terceros utilicen logotipos, documentos, páginas electrónicas o elementos gráficos gubernamentales para hacer creer a los ciudadanos que están interactuando con una institución oficial.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la utilización ilícita de imágenes institucionales puede facilitar delitos relacionados con falsificaciones, comercialización de productos apócrifos y fraudes a través de plataformas digitales.

El dictamen contempla además conductas relacionadas con explotación ilícita de interpretaciones o ejecuciones, acceso indebido a señales cifradas y sistemas de distribución de contenidos, así como mecanismos para eludir medidas tecnológicas de protección.

Reforma todavía no es ley

Pese a la polémica generada, la modificación todavía no ha sido aprobada definitivamente.

Hasta ahora únicamente recibió el respaldo de las tres comisiones senatoriales encargadas de analizarla. El siguiente paso será su discusión ante el pleno del Senado, donde los legisladores podrán presentar reservas y modificaciones al articulado.

Uno de los puntos que previsiblemente concentrará el debate será precisamente establecer con mayor claridad qué ocurre con los memes, la sátira, la crítica política y las parodias que incorporen imágenes o elementos gráficos gubernamentales.

Por ahora, la reforma no convierte simplemente la creación de memes sobre funcionarios o instituciones en un delito. La controversia radica en que el dictamen tampoco contiene una protección explícita para este tipo de contenidos, mientras contempla sanciones que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión para determinados usos indebidos de la identidad oficial.