Proponen hasta 8 años de cárcel por quitar tarjetas del Bienestar a beneficiarios

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone sancionar hasta con ocho años de prisión a quienes se apoderen o dispongan sin autorización de recursos depositados en tarjetas utilizadas para recibir pensiones y apoyos de programas sociales.

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, planteó incorporar estas conductas al delito de abuso de confianza, particularmente cuando una persona encargada de custodiar o manejar una tarjeta, credencial, medio electrónico u otro instrumento de pago utilice los recursos para beneficio propio o de terceros sin autorización de su titular.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Justicia y contempla modificaciones a los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal.

Actualmente, las penas consideradas para el abuso de confianza van de seis meses a seis años de prisión, además de multas. La iniciativa plantea incrementarlas hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad.

La agravante también aplicaría cuando exista entre víctima y responsable una relación de parentesco, convivencia, custodia, subordinación, cuidado o especial confianza.

Además, se propone que las instituciones encargadas de procurar justicia y el Banco del Bienestar establezcan protocolos accesibles para orientar y recibir denuncias relacionadas con la retención o despojo de tarjetas de programas sociales.

López Carrillo argumentó que se han detectado casos en los que familiares, cuidadores o terceras personas disponen sin autorización de recursos correspondientes a las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.

La legisladora explicó que algunos beneficiarios entregan sus tarjetas y contraseñas a personas de confianza debido a dificultades de movilidad, problemas visuales o limitaciones para utilizar herramientas digitales, situación que puede facilitar la retención del dinero o la entrega incompleta de los apoyos.

De acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, estos programas benefician a más de 13.8 millones de adultos mayores y a alrededor de 1.8 millones de personas con discapacidad.

La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de que las modificaciones planteadas puedan convertirse en ley.