Señalan presunto soborno de un millón de dólares detrás de salida de Ulises Lara de la FGR

Ciudad de México.– La inesperada renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República (FGR) estaría relacionada con un presunto soborno de un millón de dólares para intervenir en un procedimiento judicial vinculado con la operación de la aviación privada del Aeropuerto Internacional de Toluca.

De acuerdo con señalamientos sobre una supuesta investigación interna, el caso habría llegado al conocimiento de la fiscal general, Ernestina Godoy, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes presuntamente habrían optado por separar al funcionario de su cargo sin hacer públicas las acusaciones.

Lara abandonó la titularidad de la Fiscalía de Asuntos Relevantes el pasado 14 de julio, después de permanecer aproximadamente seis meses en esa responsabilidad. Su salida fue presentada como una renuncia por motivos personales, sin mayores explicaciones sobre las circunstancias de su decisión.

Las acusaciones apuntan a que el exfuncionario habría solicitado un millón de dólares a empresarios involucrados en una disputa por el control de las operaciones de aviación privada en Toluca, a cambio de favorecerlos dentro de un procedimiento penal.

El conflicto enfrenta a la empresa Operadora de Aviación General de Toluca (OAG) con la Secretaría de Marina, dependencia que actualmente administra el aeropuerto y que cuestiona un convenio mediante el cual la compañía opera instalaciones destinadas a vuelos privados.

La controversia comenzó por diferencias sobre el cobro de servicios aeroportuarios, entre ellos seguridad, vigilancia, uso de plataformas y atención de aeronaves.

Además, la Marina reclama el pago de un porcentaje de los ingresos brutos generados desde 2006 por concepto de aprovechamiento de las instalaciones.

Los representantes de OAG consideran improcedentes esos cobros y sostienen que las exigencias forman parte de una estrategia para retirarles el control de las operaciones privadas del aeropuerto.

La disputa, inicialmente de carácter civil, derivó posteriormente en un procedimiento penal promovido por la FGR bajo la causa 39/2025.

En ese expediente fueron señalados José Miguel Simón Galindo, Estrella Baz Ceniceros y José Luis Parra Patiño, socios de OAG, por presuntos delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

Los empresarios han rechazado las imputaciones y consideran que la intervención penal responde a presiones relacionadas con el conflicto comercial y administrativo.