Jueves Negro queda sin castigo: nadie responde por la masacre de 11 personas en Juárez

Ciudad Juárez.– Cuatro años después de una de las jornadas más violentas que ha vivido Ciudad Juárez, nadie ha sido condenado por organizar los ataques del llamado “Jueves Negro”, que el 11 de agosto de 2022 dejaron 11 personas muertas y sembraron terror en distintos puntos de la frontera.

La absolución de Juan Carlos V.T. y Jorge Antonio C.B., los dos únicos procesados por terrorismo relacionados con aquella jornada, cerró por ahora el principal expediente federal construido para establecer quién estuvo detrás de los ataques coordinados.

La jueza federal Victoria Alejandra Espinoza Alaniz determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar más allá de una duda razonable que los acusados hubieran participado en un plan para generar terror en Ciudad Juárez. 

El resultado deja una interrogante que permanece abierta desde hace cuatro años: ¿quién ordenó y coordinó los ataques contra la población civil?

De acuerdo con información publicada este miércoles, después de la absolución no existen otros expedientes abiertos contra personas acusadas de organizar los 29 hechos violentos registrados aquel día. 

82 testigos y ninguna cadena de mando acreditada

El juicio se prolongó durante más de dos meses.

La FGR presentó 82 testigos, muchos de ellos servidores públicos y custodios del Cereso número 3, pero ninguno pudo acreditar directamente la supuesta cadena de órdenes que, según la acusación, habría comenzado dentro del penal y terminado con ataques en las calles de Ciudad Juárez. 

La Fiscalía sostenía que Juan Carlos V.T., quien se encontraba interno en el Cereso, habría instigado a otras personas para ejecutar actos violentos y que Jorge Antonio C.B. habría participado en el incendio de un camión en Riberas del Bravo.

El problema central fue probatorio.

Durante el juicio no se demostró la llamada telefónica mediante la cual supuestamente se transmitieron las instrucciones, tampoco se acreditó cuál habría sido exactamente la orden ni cómo el incendio de ese vehículo estaba conectado con los otros 28 hechos violentos registrados durante la jornada. 

La jueza concluyó además que la Fiscalía no acreditó los elementos necesarios para configurar el delito federal de terrorismo.

Según la resolución, los ataques afectaron la seguridad pública, pero la acusación no consiguió demostrar el componente de afectación a la seguridad nacional requerido por el tipo penal de terrorismo utilizado por la FGR. 

Fiscalía intentó incorporar homicidio al final del juicio

El fallo exhibió además deficiencias en la construcción jurídica de la acusación.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público intentó agregar contra Juan Carlos el delito de homicidio con agravantes. Sin embargo, la jueza señaló que la Fiscalía no identificó en esa acusación a las víctimas ni estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los asesinatos, además de que no podía modificar en esa etapa los hechos sobre los cuales se había desarrollado el juicio. 

Contra Jorge Antonio se intentó incorporar también el delito de posesión de artefactos explosivos por las bombas molotov presuntamente utilizadas para incendiar un camión.

La acusación tampoco prosperó. Según lo expuesto durante el fallo, la Fiscalía no presentó los fragmentos de vidrio recuperados, otro recipiente supuestamente utilizado ni evidencia fotográfica suficiente para acreditar ese delito. 

El resultado fue la absolución.

No porque el tribunal determinara que el Jueves Negro no ocurrió, sino porque la Fiscalía no consiguió probar jurídicamente que los dos acusados fueran responsables del plan criminal que les atribuyó.

Once muertos y una ciudad aterrorizada

La violencia comenzó el 11 de agosto de 2022 con una riña dentro del Cereso número 3 entre integrantes de grupos criminales.

Dos internos murieron.

Horas después, la violencia salió de la prisión y se extendió por Ciudad Juárez mediante ataques armados, incendios contra establecimientos y agresiones dirigidas contra civiles.

En las calles fueron asesinadas nueve personas, entre ellas un menor de edad, dos mujeres y trabajadores de una radiodifusora. Sumadas las dos víctimas del Cereso, aquella jornada dejó 11 muertos. 

Las investigaciones manejaron como hipótesis que los ataques fueron ordenados desde el penal para presionar a las autoridades e impedir el traslado de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, “El Neto”, entonces dirigente de Los Mexicles.

Durante el juicio, varios custodios hicieron referencia a esa versión, pero ninguno pudo declarar haber presenciado directamente la supuesta orden, por lo que el tribunal consideró que esos testimonios no permitían acreditar la acusación. 

Meses después, “El Neto” escapó del mismo Cereso

El caso adquirió una dimensión todavía mayor meses después.

El 1 de enero de 2023, un ataque armado contra el Cereso número 3 permitió la fuga de “El Neto” y otros internos.

La versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señala que aquella irrupción dejó 17 personas muertas y 15 lesionadas. 

Ambos episodios pusieron bajo escrutinio las condiciones de operación y control existentes dentro del sistema penitenciario de Ciudad Juárez.

Investigaciones periodísticas posteriores documentaron además que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había acreditado participación de funcionarios penitenciarios en irregularidades relacionadas con la reyerta de agosto de 2022 y ordenado procedimientos para determinar responsabilidades. 

Sin embargo, cuatro años después de la masacre, ningún servidor público ha sido sancionado por haber facilitado la organización de los ataques del Jueves Negro, de acuerdo con los seguimientos periodísticos publicados sobre el caso. 

Sí existen condenas por otros ataques, pero no por organizar la masacre

El Jueves Negro no está completamente ausente de sentencias.

En 2024, cuatro hombres fueron declarados culpables por un ataque armado contra policías municipales ocurrido durante aquella jornada y recibieron condenas superiores a 379 años de prisión. 

Pero esas condenas corresponden específicamente al ataque contra los agentes.

La diferencia es fundamental: no existe hasta ahora una sentencia que determine quién ordenó o coordinó el conjunto de ataques contra la población que dejó 11 muertos. 

La impunidad es ahora el centro del caso

La absolución deja dos realidades simultáneas.

Por un lado, un tribunal determinó que la FGR no reunió pruebas suficientes para condenar a los dos hombres que llevó a juicio, y el principio de presunción de inocencia obliga a respetar esa resolución mientras no sea modificada mediante los recursos legales correspondientes. 

Por otro, las once muertes ocurrieron, los ataques ocurrieron y Ciudad Juárez fue sometida durante horas a una ofensiva criminal coordinada.

Lo que sigue sin establecerse judicialmente es quién la planeó, quién transmitió las órdenes, quién coordinó a los participantes y qué responsabilidades institucionales permitieron que una operación de esa magnitud pudiera desarrollarse desde o alrededor de un centro penitenciario.

Las publicaciones revisadas en medios y fuentes abiertas muestran críticas reiteradas a la falta de resultados y referencias a impunidad, pero no encontré evidencia verificable que permita afirmar como hecho —como plantea el texto original— que servidores públicos manipularon deliberadamente el expediente para provocar la absolución. Esa sería una acusación que requeriría pruebas o una investigación formal.

Lo que sí está documentado es suficientemente grave: cuatro años después, la investigación federal terminó sin condenas por terrorismo y sin responsables judicialmente establecidos por la organización de la jornada que dejó 11 muertos. 

Para las familias de las víctimas y para Ciudad Juárez, la pregunta permanece exactamente donde comenzó: ¿quién ordenó el Jueves Negro y quién responderá por los once muertos?