Sheinbaum exhibe presunta red de corrupción en el INE con contratos por 2 mil 740 millones

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una investigación sobre una presunta red de corrupción vinculada con organismos electorales, cuyas empresas habrían obtenido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos durante la última década.

Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria explicó que el esquema comenzó a desarrollarse desde finales de los años noventa y no surgió durante la administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identificó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como figuras centrales de una estructura empresarial dedicada al suministro de materiales electorales.

Según la investigación, las compañías relacionadas con ambos empresarios obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, mediante adjudicaciones de 23 organismos electorales estatales.

A esa cantidad se sumaron otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contrataciones realizadas durante 2024 y 2025.

Buenrostro explicó que las empresas presuntamente simulaban competencia en licitaciones públicas, compartían vínculos corporativos y utilizaban prestanombres para ocultar a sus beneficiarios.

Sheinbaum sostuvo que esta estructura fortaleció sus operaciones durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, aunque aclaró que las posibles responsabilidades individuales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

La mandataria también señaló que la red mantiene antecedentes relacionados con funcionarios que ocuparon cargos públicos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Como parte de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó inmovilizar cuentas bancarias relacionadas con las operaciones sospechosas, mientras continúan las revisiones sobre posibles irregularidades financieras.

La presidenta insistió en que las autoridades deben investigar tanto las contrataciones recientes como las realizadas durante administraciones anteriores, sin excluir a ningún funcionario que pudiera estar involucrado.

Asimismo, anunció medidas para fortalecer la supervisión de la producción y contratación de materiales electorales.

El Gobierno federal investiga una estructura empresarial que habría concentrado contratos electorales durante casi tres décadas, mientras las autoridades buscan determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.